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La Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) ha hecho balance de sus primeros años de aplicación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha hecho esta semana balance de su actividad. Desde que comenzara en enero de 2014 ha propuesto 322 sanciones como supervisora de la Ley para la mejora de la cadena alimentaria. El acto se ha celebrado en la sede de Aica, la ministra ha estado acompañada del secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, y del director de Aica, José Miguel Herrero.
Por sectores, es el de frutas y hortalizas el que acumula el 60,2% de las sanciones propuestas, seguido a distancia por el lácteo con el 29,1% y por el sector del aceite con el 7,1%. Entre las causas más frecuentes, destaca el no respetar los plazos de pago, no enviar la documentación requerida por Aica y la ausencia de contratos de compra-venta.
Aica ha recibido en total 111 denuncias por posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria de las que 37 corresponden a ‘venta a pérdidas’, práctica prohibida por la Ley de Comercio Minorista que es competencia de las CCAA.
Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria
En su intervención, Garcia Tejerina ha recordado cómo se encontraba la cadena alimentaria en el año 2012, cuando las prácticas comerciales tradicionales dificultaban el correcto funcionamiento del mercado. Unas prácticas que perjudicaban principalmente a los productores agrarios, el eslabón con menor poder de negociación entre los operadores.
La Unión Europea instó a los Estados miembro a buscar soluciones que equilibraran la cadena. Así, la ministra ha indicado que el Gobierno de España impulsó la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que ha permitido establecer, simultáneamente, un sistema de auto responsabilidad de los operadores y un sistema público de control. Dicho sistema se complementa con la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria, que analiza y propone medidas a favor de un desarrollo más equilibrado del sector.
Para la ministra, esta ley supone una reforma “de enorme calado, un hito histórico para el sector agroalimentario español y para la economía nacional“. Se trata, ha añadido, de una "norma pionera en la UE y un ejemplo a seguir" por parte de otros Estados miembros.
