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En febrero o marzo, se espera que esté publicado el reglamento de desarrollo de la Ley de Cadena Alimentaria, que incorporará como uno de los elementos más destacados la figura del mediador, que actuará cuando no haya acuerdo en los precios.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha hecho balance del primer año de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y subrayado su potencial para que la cadena funcione y eso redunde en mejores precios y en lograr un sector más competitivo que pueda crecer. A su vez, ha advertido que “el incumplimiento no va a salir gratis”. En este sentido, la ministra ha recalcado que el objetivo prioritario del Ministerio es evitar que se cometan prácticas comerciales abusivas.
De cara al futuro, García Tejerina ha adelantado que, en el mes de febrero o marzo, se espera que esté publicado el reglamento de desarrollo de la ley, que incorporará como uno de los elementos más destacados la figura del mediador, que actuará cuando no haya acuerdo en los precios. Asimismo, la ministra se ha referido al impulso de un código de buenas prácticas mercantiles.
Igualmente, García Tejerina ha destacado como uno de los aspectos positivos de esta ley que, a partir de ahora, todas las compras y las ventas que se realicen a lo largo de la cadena tienen que tener obligatoriamente un contrato, con un plazo de cobro y un precio, “algo que no sucedía hasta la fecha y que había que corregir”.
Agencia de Información y Control Alimentarios
En este contexto, la ministra ha destacado que la ley ha dotado al sector de una “herramienta muy potente”, como es la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo del Ministerio encargado de velar por el cumplimiento de la ley. La ministra ha indicado que AICA lleva ya realizadas más de 1.800 inspecciones, “vigilando que no se cometan prácticas comerciales abusivas, y que si se cometen, serán debidamente sancionadas”.
En concreto, García Tejerina ha apuntado que hay dos sectores en los que se está haciendo una especial incidencia. Por un lado, el Plan de control específico para frutas y hortalizas, creado para evitar que las distorsiones provocadas por el veto ruso pudieran perturbar el mercado nacional.
