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La Confederación CEOE presenta su segundo Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España con el objetivo de contribuir a mejorar la gestión y su impacto en la economía. Resalta que sólo 1 de cada 4 euros procedentes de Bruselas ha llegado a las empresas, lo que limita su efecto en la recuperación económica.
La CEOE ha presentado este miércoles el segundo “Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España”, que incluye la evaluación de los avances registrados hasta este mes de abril, con el objetivo de seguir contribuyendo a mejorar la ejecución de los fondos europeos y maximizar su impacto en la economía española. En el documento, CEOE pide acelerar la ejecución de los fondos de recuperación, incorporando incentivos fiscales así como convocatorias más adaptadas a las necesidades actuales de las empresas.
El secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, ha subrayado que, en los últimos meses, “se observa cierta mejoría en alguna de las áreas que generaban mayores trabas en el despliegue de los fondos, si bien seguimos identificando problemas que están generando un impacto significativo en la falta de agilidad en su ejecución”.
En primer lugar, el informe hace un seguimiento del Plan España Puede. Así, constata que, en el ámbito de las inversiones, el cierre de 2021 estuvo marcado por un mayor ritmo de publicación de órdenes de bases de programas del Plan de Recuperación. Sin embargo, considera necesario acelerar su materialización en convocatorias.
Según los cálculos realizados, a partir de los datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General del Estado (IGAE), sólo se han ejecutado fondos de manera real por valor de 805 millones de euros de los casi 3.000 millones que el Estado gestiona de manera directa. Es decir, sólo ha llegado al tejido productivo un 27% del total recibido de Bruselas o, lo que es lo mismo, 1 de cada 4 euros.
Este porcentaje es, además, un cálculo al alza de la ejecución global del conjunto del sector público español, dada la lentitud en la transferencia de fondos hacia otras administraciones públicas, dentro de lo que el Gobierno entiende ejecutado pero que se trata simplemente de transferencias entre el sector público
En el documento, CEOE recuerda, una vez más (como también han hecho AIReF, Banco de España o FEDEA), que el Gobierno no ofrece datos del gasto finalista de los fondos que llega a las empresas desde el mes de agosto de 2021. Entonces, sólo habían llegado a las empresas 104 de los 5.000 millones comprometidos (un 2% del total).
Otra de las cuestiones que está generando inquietud en el sector empresarial es el excesivo continuismo en el diseño de las convocatorias, sin apenas espacio para subvenciones innovadoras o pioneras. Por ello, CEOE propone extender el modelo seguido por algunos ministerios y organismos públicos (como Red.es o IDAE) que sí han incorporado en sus convocatorias un enfoque más disruptivo.
El informe insiste en la necesidad de acelerar la ejecución de los PERTES con actuaciones concretas. Además, advierte de que en algunos casos (como el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado) se han establecido unos requisitos que son difícilmente asumibles en su totalidad por las empresas, lo que puede derivar en una ejecución menor de la prevista y en un menor impacto de los fondos en un sector clave de la economía. Asimismo, se insiste en la importancia de que las licitaciones de contratos públicos vayan dirigidas a proyectos con un enfoque transformador para evitar un segundo “Plan E”.
El informe también señala que el diseño de algunas convocatorias dificulta el acceso a los fondos a Pymes y autónomos. Es especialmente importante que la carga burocrática sea mínima y los plazos para la presentación de proyectos sean razonables y realistas.
En cuanto a las reformas comprometidas por el Gobierno en el Plan, para CEOE resulta fundamental asegurar el respeto al contenido de los hitos previstos, evitando modificaciones posteriores. “Observamos con preocupación la modificación a posteriori de reformas ya aprobadas, y que responden a hitos pactados con Bruselas, sin consenso y desvirtuando los compromisos adquiridos”, advierte el informe, que pone como ejemplo la reforma laboral y los cambios introducidos en el marco del Plan Nacional de respuesta a la guerra en Ucrania. Para este ejercicio 2022, insiste también en que el diálogo social debe ser clave para las reformas pendientes, como autónomos, planes de empleo, Ley de Empleo o reforma fiscal.
El documento, que como en la edición anterior también recoge una visión comparada con otros países europeos, concluye con una serie de recomendaciones por parte de las empresas para una mejor gestión de los fondos.
Así, de cara a la solicitud de los 70.000 millones de euros en forma de préstamos prevista para el segundo semestre del año, CEOE propone mejoras que permitan solucionar los problemas detectados. En concreto, aboga por incorporar en esta segunda parte del Plan proyectos tractores reales, alineados con las necesidades de las empresas y la economía de cada región y con la autonomía estratégica de España, así como por impulsar convocatorias menos atomizadas y de mayor envergadura, para asegurar un impacto transformador real de los fondos y una mayor agilidad administrativa.
También cree que debe ser una prioridad para España incorporar una bajada de impuestos e impulsar incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos, especialmente en momentos económicos como los actuales, en línea con lo recogido en los planes de países como Francia, Portugal, Dinamarca, Austria, Italia o Suecia. A esta rebaja fiscal podrían destinarse los 4.000 millones adicionales que España recibirá previsiblemente en transferencias no reembolsables, así como parte de los fondos todavía no ejecutados.
Otras de las recomendaciones dirigidas al sector público para una mejor ejecución de los fondos incluyen fortalecer el equilibrio entre los grandes proyectos tractores y las subvenciones para Pymes y autónomos, con convocatorias menos atomizadas; facilitar al máximo la concurrencia y acceso a los fondos a las Pymes y autónomos, a partir de la buena experiencia del Kit Digital; desbloquear la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 36/2020; o implicar al sector financiero para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas.
