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El Real Decreto 250/2024, de 12 de marzo, se aprueba como una respuesta estratégica a la necesidad de actualizar y optimizar la regulación de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), en el marco del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) para el quinquenio 2023-2027. Patricia Prendes, Directora Departamento de Derecho Agrario de JLCasajuana Abogados, aborda sus principales puntos para Retail Actual.
El sector vitivinícola en España, reconocido mundialmente por su excelente calidad y tradición, se enfrenta constantes desafíos que demandan adaptaciones y mejoras en sus marcos regulatorios. En este contexto, el Real Decreto 250/2024, de 12 de marzo, se aprueba como una respuesta estratégica a la necesidad de actualizar y optimizar la regulación de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), en el marco del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) para el quinquenio 2023-2027, que ha sido recientemente aprobado.
El Real Decreto 905/2022 estableció la normativa básica aplicable a la ISV, cubriendo aspectos clave como la reestructuración y reconversión de viñedos, las inversiones en transformación e infraestructuras, y la promoción en terceros países, entre otros. Sin embargo, la implementación práctica de estas medidas reveló la necesidad de ajustes técnicos para aumentar la eficacia en la ejecución de los fondos asignados.
La actualización normativa que se ha desarrollado mediante el Real Decreto 250/2024 apunta a mejorar la gestión de la intervención de cosecha en verde, ajustando procedimientos para el pago de inversiones y clarificando definiciones para garantizar una mayor seguridad jurídica. Este decreto no solo responde a la experiencia acumulada en años anteriores, especialmente considerando las perturbaciones consecuencia de la crisis de COVID-19, sino que también se alinea con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad establecidos en la ley del procedimiento administrativo común.
La cosecha en verde, es una práctica que permite retirar parte de la producción de forma anticipada para equilibrar la oferta con la demanda y mejorar la calidad del producto final, ha sido objeto de revisión. De esta forma se introducen criterios más claros para su ejecución y compensación, buscando una mayor efectividad y respuesta a las condiciones específicas de cada campaña.
Se define el concepto de pago intermedio, especialmente en lo que respecta a inversiones en el sector, que busca ofrecer una mayor certidumbre a los viticultores y empresarios del sector, facilitando la planificación financiera y la realización de proyectos de mejora y modernización.
Se define el momento en que las parcelas y viticultores deben estar inscritos en el Registro Vitícola para solicitar ayudas, una medida que simplifica y hace más transparente el acceso a los programas de apoyo.
La metodología para calcular el rendimiento medio de cada parcela se ajusta, teniendo en cuenta lo producido en las últimas campañas y permitiendo a las comunidades autónomas establecer condiciones específicas. Este enfoque más flexible y adaptado a la realidad de cada región es un avance significativo hacia una agricultura más sostenible y competitiva.
Las modificaciones introducidas por el Real Decreto 250/2024 representan un avance en la regulación del sector vitivinícola español, abordando con precisión y sensibilidad las necesidades actuales del sector. Estas medidas no solo buscan mejorar la gestión de recursos y la eficacia en la implementación de las políticas agrícolas, sino que también reflejan un compromiso con la sostenibilidad, la calidad y la competitividad en un mercado global cada vez más exigente, dando cumplimiento a lo dispuesto por la normativa de la Unión Europea.
El diálogo continuo entre el gobierno, las comunidades autónomas y los representantes del sector será clave para asegurar que estas regulaciones se traduzcan en mejoras tangibles para los viticultores y contribuyan al desarrollo sostenible y la excelencia del sector vitivinícola español.
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