Food Waste Saver, Acerta lanza la primera marca de calidad que certifica el cumplimiento con la nueva Ley de Desperdicio Alimentario

A través de la certificación Food Waste Saver, Acerta asume un papel activo como entidad comprometida con la transformación del modelo alimentario y con la sostenibilidad lanzando esta nueva norma que pretende ayudar a las empresas a demostrar su cumplimiento de la Ley de Desperdicio Alimentario. Esta herramienta permite evaluar de forma objetiva las medidas implantadas, comunicar con transparencia los resultados alcanzados y demostrar, tanto ante la sociedad como ante el mercado, un compromiso real con la sostenibilidad. Además de avalar el cumplimiento normativo, esta certificación contribuye a fortalecer la reputación responsable de las organizaciones en un contexto cada vez más exigente y orientado al impacto social y ambiental.

Ante el nuevo escenario normativo, Acerta busca acompañar al sector en esta transición, informando, sensibilizando y ofreciendo herramientas que impulsen la adopción de buenas prácticas. En esta línea, promueve la creación de esta marca de calidad que aporte fiabilidad, trazabilidad y visibilidad al compromiso de los operadores con la reducción efectiva del desperdicio alimentario.

Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

“La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario constituye un hito legislativo que marca un antes y un después en la política agroalimentaria española. Su enfoque integral —que combina regulación, innovación y sensibilización— permite abordar de forma estructural un problema complejo, con consecuencias directas sobre el bienestar social, la salud del planeta y la economía productiva”, apunta  apunta Matías Romero, Director General de Acerta.

Uno de los elementos centrales de la ley es la imposición de nuevas responsabilidades a las industrias alimentarias. Todas las empresas del sector deberán contar con un plan de prevención específico, ajustado a sus procesos, que permita identificar y reducir pérdidas a lo largo de la cadena. Este plan deberá contemplar acciones correctivas, protocolos de gestión de excedentes y la aplicación de la jerarquía de usos establecida por la ley.

Los alimentos que no se vendan, pero sean aptos para el consumo humano, deberán destinarse prioritariamente a la donación, mediante acuerdos formales con entidades sociales. En caso contrario, deberán ser derivados —por este orden— a alimentación animal, transformación industrial, compostaje o valorización energética. Asimismo, se promueve la venta de productos con defectos estéticos o con fechas de consumo próximas a precios reducidos, con el fin de evitar su eliminación. El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones económicas que pueden llegar a alcanzar los 500.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.

"La ley otorga un papel central al plan de prevención como herramienta de gestión y control. Este documento debe incluir un autodiagnóstico del funcionamiento interno de cada empresa, con especial atención a los puntos críticos donde se generan pérdidas. A partir de ese análisis, deberán implementarse medidas eficaces que permitan reducir al mínimo los alimentos desperdiciados”, añade Romero.

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