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2024-12-03
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La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera inició el pasado 14 de noviembre un paro de actividad y al día siguiente, tras apenas 36 horas de huelga, fue desconvocado. Analizamos las razones con Miguel Ángel Piqueras, director del Grado en Ingeniería en Organización Industrial de VIU - Universidad Internacional de Valencia.
La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que representa a pymes y autónomos del ramo, iniciaba el pasado lunes 14 de noviembre a las 0:00 horas una parada indefinida de la actividad alegando, entre otras cosas, el incumplimiento por parte de los cargadores (clientes de los transportistas) de la legislación que prohíbe tanto contratar por debajo de los costes de operación, como emplear la mano de obra de los conductores en las tareas de carga y descarga de manera gratuita.
En el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística (que transpone la Directiva de la Unión Europea (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020), se adoptó un paquete de medidas y objetivos persiguiendo reforzar la sostenibilidad del sector de transporte de mercancías por carretera, en el contexto de la experiencia adquirida en el funcionamiento de las cadenas de suministro debida al impacto de la pandemia en los dos años anteriores.
Adicionalmente, a finales de marzo, se aprueba el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que añade nuevas disposiciones para ayudar al sector; en concreto, se introduce una bonificación en el precio de los combustibles para el transporte, notablemente incrementados a raíz del conflicto bélico.
En agosto de 2022 se publica el Real Decreto-ley 14/2022, que incluye una nueva línea de ayudas directas para el sector del transporte, y la nueva Ley de Cadena del Transporte. Este Decreto-ley ha sido bien acogido por la Federación de Asociaciones de Transporte de Mercancías (Fenadismer), y es el fruto de las negociaciones del mes de julio entre el Ministerio de Transportes y las organizaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera.
La mencionada Ley de Cadena del Transporte, que no es realmente una ley, sino un conjunto de modificaciones a la Ley 15/2009 del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), incorpora medidas estructurales y de reequilibrio para las relaciones comerciales entre los transportistas y sus clientes; entre otros aspectos, generaliza el procedimiento de contratación por escrito.
Específicamente, se exige que todos los contratos de transporte de importe superior a 150 euros se realicen por escrito e incluyan el precio del transporte) y prohíbe de contratación a pérdidas en el sector del transporte de mercancías por carretera, en analogía con los principios que han guiado la redacción de la ley de Cadena Alimentaria del sector agrario. Para afianzar el cumplimiento de las modificaciones introducidas, se contemplan nuevas infracciones recogidas en los artículos 141 y 143 de la LOTT.
La regulación vigente, por tanto, persigue evitar situaciones en que los precios por la realización de un servicio de transporte no permitan cubrir los costes de operación, aunque en ningún caso impone tarifas obligatorias por la prestación de servicios, ya que esto vulneraría la legislación nacional y europea en materia de libre competencia.
En este contexto normativo, el comunicado presentado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la Plataforma convocante, expresa que las empresas cargadoras siguen sin ofrecer ni pagar precios acordes con los costes reales. Se lamenta asimismo de encontrarse sin la disposición de colaboración por parte la Inspección de Transporte del Ministerio para realizar una vigilancia efectiva del seguimiento de la legislación. Se esgrime en el comunicado la necesidad de garantizar la colaboración entre la Inspección de Transporte, la Guardia Civil y la Policía Local para realizar el control de las cartas de porte en carretera (Guardia Civil) y para la comprobación, cuando se solicite, del incumplimiento de la prohibición de carga y descarga en cualquier almacén (Guardia Civil y Policía Local).
Lo reclamado en esta ocasión se alinea con las demandas de la huelga también convocada por esta Plataforma hace ahora ocho meses, entre las que destaca la petición de puesta a punto de un paquete de medidas para que sea posible desarrollar el ejercicio de la profesión o la actividad empresarial con un mínimo de rentabilidad, y sin el perjuicio que supone la existencia, según el punto de vista de la organización convocante, de competencia desleal en el sector, la cual frecuentemente opera con costes inferiores a lo aceptable, no ajustados a la realidad económica de la coyuntura actual, y que se dan por encontrarse estos competidores en condiciones ventajosas.
Al igual que en marzo pasado, el apoyo a la huelga no ha sido unánime, ya que los organismos más representativos, como la Confederación Española de Transporte de Mercancías, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y la Federación de Asociaciones de Transporte de Mercancías (Fenadismer) no estaban de acuerdo desde el principio con las razones aducidas por la Plataforma para justificar una suspensión indefinida de la actividad.
Finalmente, el martes 15 de noviembre, tras apenas 36 horas de paro, la Plataforma suspende la movilización, sin haber logrado paralizar el sector a un nivel que pueda considerarse generalizado. Durante el lunes se registró un limitado seguimiento y escasa incidencia, al contrario de lo que ocurrió en la protesta que promovió el pasado mes de marzo la misma organización, cuando se produjeron grandes pérdidas económicas por lo extensivo de la parada.
La actividad de transporte en la modalidad a la que afecta la huelga, representa en España el 2 % del PIB, y los efectos negativos derivados de su interrupción suponen siempre un potente mecanismo de presión, máxime teniendo en cuenta las fechas en que nos encontramos, muy intensas en lo que a transacciones comerciales se refiere, y en que las materias primas, productos y bienes pendientes de entrega precisan de la red logística en condiciones óptimas, por lo que convendría seguir trabajando y acercando distancias entre los actores involucrados, de manera que la distribución por carretera, la industria y la economía española en su conjunto no estén sujetas a este tipo de vulnerabilidades evitables.
