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Ayer se celebró la primera reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) de este año. El ministro Luis Planas aprovechó para avanzar la conversión de este organismo en agencia estatal, un hecho que se traducirá en “una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para reforzar significativamente su capacidad inspectora”.
Una de las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos que se han movilizado estas semanas ha sido el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria en todos los eslabones, para que en las relaciones comerciales -sobre todo en las que participan los agricultores y ganaderos-, el precio sea digno, supere el coste efectivo de producción y asegure la viabilidad económica de los operadores.
Pensando en mejorar este aspecto con la mayor celeridad posible, Luis Planas ha explicado a los integrantes del Consejo Asesor que como la puesta en marcha de la agencia estatal requiere la aprobación de una norma con rango de ley, el Gobierno de España estudia en la actualidad el menor recorrido temporal para su creación. Puede ser bien a través de un texto legal ad hoc o mediante la introducción de una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
El ministro también ha avanzado que a lo largo de 2024 la actividad de la AICA priorizará la comprobación y el cumplimiento de los contratos alimentarios, con especial atención a la modificación del precio a partir de la aplicación de descuentos no acordados previamente. También se dará preferencia al control de los sectores con más riesgo de que sus liquidaciones y pagos no sean superiores al coste efectivo de producción, así como a la vigilancia de cancelación de pedidos.
A lo largo de 2023, la AICA impuso un total de 382 sanciones a operadores de la cadena alimentaria, lo que supuso un aumento del 40,4 % en comparación con el año precedente. Casi la mitad de ellas -un 48 %- correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista.
También han sido objeto de sanción la ausencia de contratos o la falta, en los que sí se han realizado, de elementos mínimos como, por ejemplo, el precio del producto motivo de transacción. Las modificaciones unilaterales no pactadas por contrato y la destrucción de valor en la cadena alimentaria también aparecen en la lista de los principales motivos de penalización.
El ministro ha aprovechado para recordar que desde el 30 de junio de 2023 es obligatorio inscribir en el Registro de Contratos Alimentarios, al que se accede a través de una aplicación de la web de AICA, los contratos alimentarios con productores primarios y agrupación de productores. A su juicio, dicho registro se ha convertido ya en una “herramienta determinante” para la labor de inspección de este organismo.
Por sectores, los que registraron más infracciones con sanción fueron el de frutas y hortalizas, que acaparó 165, seguido del vitivinícola (96), el de aceite de oliva (40), bovino (37), aceituna de mesa (19) y lácteo (17).
A estas sanciones hay que sumar las aprobadas por los organismos autonómicos que también tienen competencias en el control y vigilancia del cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria. El año pasado impusieron 167 sanciones, un 33,6% más que en 2022. Estas últimas han recaído principalmente en empresas del eslabón de la industria alimentaria.
Todas las sanciones son fruto de los controles de oficio de la AICA y las comunidades autónomas, así como de las investigaciones realizadas en ambos casos tras las denuncias recibidas por presuntos incumplimientos de la Ley de la cadena.
La AICA, en concreto, ha investigado durante el pasado ejercicio 32 denuncias, un 39,1% más que en 2022, y las comunidades autónomas, otras 18. Planas ha subrayado la necesidad de que se traslade a los organismos de control y vigilancia del funcionamiento de la Ley de la cadena alimentaria toda irregularidad comercial que se constate, bien por un particular, una empresa o por una organización o asociación del ámbito agroalimentario o del ámbito de consumo. Ha remarcado el carácter confidencial de las denuncias, y ha precisado que el año pasado, casi dos tercios de las recibidas e investigadas terminaron en sanción.
En total, las denuncias y las actuaciones de oficio durante 2023 se tradujeron en el control de un total de 2.371 relaciones comerciales de la cadena alimentaria, lo que representa un 59,4 % más que en los doce meses anteriores. La AICA tiene competencia sancionadora en relaciones comerciales que tienen lugar entre empresas con sedes en distintas comunidades autónomas o en las que, por razones de trazabilidad previsible del producto objeto del contrato, exceda del ámbito autonómico.
Los organismos de inspección de cada comunidad autónoma, por su parte, han controlado en su territorio otras 2.871 relaciones comerciales, según el Informe de la actividad de las comunidades autónomas en 2023 que, junto al Informe de la actividad inspectora y de control de AICA en el ámbito de la cadena alimentaria en 2023 se han dado hoy a conocer.
El ministro, durante la sesión inaugural del encuentro, ha resaltado que “el buen funcionamiento de cadena alimentaria”, que ha demostrado su resistencia en momentos críticos por la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania o la sequía, “constituye un elemento clave para garantizar la seguridad alimentaria”.
Planas ha destacado que la Ley de la cadena alimentaria española es una “norma pionera” y un “referente a nivel comunitario” por sus medidas sobre los contratos escritos, el registro de estos o la prohibición de la destrucción de valor a lo largo de los diferentes eslabones agroalimentarios, y ha asegurado que será decisiva en las próximas modificaciones legislativas sobre prácticas comerciales de la Unión Europea.
De hecho, la Comisión Europea presentó a mediados del pasado mes de diciembre una serie de propuestas a medio plazo para revisar la Directiva de prácticas comerciales desleales de 2019 y el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM) que, “en buena medida, siguen la senda que emprendimos en España con la Ley de 2021”, lo que el ministro ha considerado “muy positivo”.
Como ejemplos, ha mencionado que el Ejecutivo comunitario ha propuesto la instauración del Observatorio de costes de producción, márgenes y prácticas comerciales, la implementación de nuevas regulaciones para garantizar el cumplimiento de las prácticas comerciales a nivel transfronterizo y, en la revisión de la OCM, la obligatoriedad de la contratación y el fortalecimiento de las organizaciones de productores e interprofesionales.
