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Las patronales que aglutinan a los supermercados y gran distribución consideran "inviable y contraproducente" el acuerdo para crear una cesta de productos básicos propuesto por Yolanda Díaz. Consideran que sería ineficaz y porque la experiencia en otros países ha resultado fallida.
Las organizaciones Asedas, Anged y Aces han pedido ayuda a la Vicepresidenta Segunda para llevar a cabo el proyecto con varias medidas para luchar contra el alza del IPC y reducir los costes empresariales que soporta la cadena alimentaria. Entre dichas medidas, destacan la reducción del IVA en alimentos, una moratoria a impuestos medioambientales, el descenso del coste regulatorio y, sobre todo, la reducción del coste de la energía, que puede hacer entrar en pérdidas a empresas de la distribución
Aces (Asociación Española de Cadenas de Supermercados), Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) han expresado en un comunicado que en la reunión mantenida ayer con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, que comparten con el Gobierno la preocupación por la situación de los precios de los alimentos y han solicitado su apoyo a las medidas que vienen proponiendo las administraciones en los últimos meses.
Las organizaciones empresariales han recordado que la propia dinámica competitiva del sector ha respondido a los problemas que la inflación genera en los consumidores. De hecho, todas las cadenas de distribución llevan meses trabajando para ofrecer una cesta de la compra más económica, a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos.
Cabe destacar que los precios de la alimentación en España en los últimos 20 años se han mantenido extraordinariamente estables, con subidas que han coincidido con otra crisis de materias primas en 2007 y con la subida del IVA en 2012. En la actualidad, las causas del alza del IPC en alimentación son objetivas: alza del coste de la energía, de los carburantes y de las materias primas –agravado por la guerra de Ucrania-.
En este sentido, se han propuestos varias acciones que ayudarían a la contención del IPC alimentario. Éstas son más necesarias que nunca:
• Bajada temporal del IVA de los alimentos –una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con resultados positivos-, suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y reducción del coste regulatorio.
• Precio de la energía sostenible para toda la cadena, y especialmente para la distribución alimentaria. El alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año y, por ello, se solicita un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores.
Frente a escaladas de precios de hasta 3 dígitos en la energía y las materias primas básicas, la cadena agroalimentaria está contribuyendo a amortiguar la inflación. De acuerdo con los últimos datos, entre julio de 2021 y julio de 2022 el IPC de la Alimentación y Bebidas ha crecido a una tasa anual media del 6,7%, frente a una tasa anual media en el índice de precios industriales (IPRI) de Alimentación de 12,8%. En el mismo periodo, el IPC general también ha registrado una variación media del 7,5%. Las asociaciones consideran inviable y contraproducente la propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados por los siguientes motivos:
• Diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena (IPOD) que compara solo la diferencia entre precios de origen y destino, al estar basado en datos de una organización agraria que carecen de base científica ya que, al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena. Otros estudios fiables, como los que elabora el Ministerio de Agricultura, no coinciden en absoluto con dicho análisis. La distribución alimentaria organizada tiene unos márgenes porcentuales muy reducidos como se puede comprobar en los datos públicos de las empresas.
• Ineficacia del acuerdo propuesto, ya que la estructura de la distribución alimentaria en España -definida por su escasa concentración– hace que el pacto requiera del acuerdo con cientos de empresas. El comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos. Además, presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas. En cualquier caso, habría que evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia.
• Experiencias fallidas en otros países. Los acuerdos firmados por el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas.
Por último, han querido recordar que la distribución alimentaria española, así como el resto de la cadena, ha demostrado en las dos últimas décadas y, más recientemente, con la crisis sanitaria su eficiencia para servir al consumidor alimentos de calidad, variados, seguros y a precios competitivos y su compromiso con los consumidores. Por lo tanto, no es momento de dividir a la cadena, sino de trabajar unidos para hacer frente a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando a todos los ciudadanos por igual el acceso a la alimentación.
