Empresas Premium
La Confederación Española de Comercio (CEC) valora positivamente modificación de distintos aspectos relacionados con las penas a aplicar en casos de hurto multirreincidente.
La Confederación Española de Comercio (CEC) aplaude la modificación de distintos aspectos relacionados con las penas a aplicar en casos de hurto multirreincidente, en el marco del Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, actualmente en tramitación parlamentaria.
Si la propuesta sale adelante en sus términos, el Código Penal recuperará las penas de prisión de hasta 18 meses para pequeños hurtos en casos de reincidencia, cuando existan tres condenas por delitos de esta naturaleza, aun siendo de carácter leve y el montante acumulado supere los 400 euros.
Una petición que desde CEC, como organización representante del comercio de proximidad y como integrante de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE, se ha trasladado en numerosas ocasiones ya que el hurto multirreincidente supone una auténtica lacra que cuesta 300 millones de euros al año a las administraciones públicas españolas y genera unas pérdidas de 1.800 millones de euros anuales en el comercio, lo que se traduce en destrucción de empleo, inseguridad y alza de precios.
“Esta medida sin duda supone un gran avance ya que a día de hoy no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia de menos de 400 euros lo que coloca a los comerciantes en una situación de total indefensión y vulnerabilidad. En vista de la evolución de denuncias, juicios suspendidos y sentencias, comprobamos que hasta ahora esta práctica les está saliendo gratis a los delincuentes, en su mayoría bandas organizadas” señala Rafael Torres, presidente de la CEC.
Un paso en la buena dirección, al que necesariamente deben seguir otros si queremos acabar definitivamente con estas conductas delictivas que suponen no solo importantísimas pérdidas para el comercio, sino también un despilfarro para las Administraciones Públicas un sobrecoste innecesario para el ciudadano y la desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
