Empresas Premium
La industria de alimentación y bebidas ha presentado Alimentaria el estrepitoso efecto que según sus cálculos tendría un impuesto del 21% en el consumo. Una encuesta elaborada por el sector apunta a que el 98% de los consumidores recortarían su gasto prácticamente en todos los sectores, incluida la alimentación fuera del hogar.
El sector se ha vuelto a unir para valorar de forma postiva la opinión expresada por el Ministro de Hacienda de no subir ni reclasificar el IVA e instan al gobierno a defender ante Europa la imposibilidad de seguir incrementando los impuestos indirectos sin poner en riesgo el consumo y la creación de empleo. Así de tajante se mostraron los representantes de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, Fiab en la presentación en Alimentaria de un informe en el que detallan las consecuencias para el consumo que conllevaría la subida del IVA al 21% propuesta por los expertos.
El sector alimentario avisa de una disminución del 65% del gasto total en alimentación y la posible destrucción de más de 155.000 empleos, tanto en el ámbito del gran consumo como el de la hostelería. El incremento impositivo implicaría un gasto adicional de casi 600 euros al año por familia, según el informe de una organización de consumidores; una cantidad “difícilmente asumible en el actual escenario económico”. Pero además afectaría a la producción.
Lucha contra el fraude
Un estudio recientemente encargado por los colectivos de consumo y hosteleria, refleja que se podría sufrir una caída de entre el 4,3% y el 6,2% (22.904 millones de euros). "Los datos demuestran que la última subida de IVA e impuestos sobre bebidas con contenido alcohólico provocó la bajada de producción, consumo y recaudación tributaria", recuerdan desde Fiab.
Ante este panorama, el colectivo propone una reforma fiscal "que fomente, en lugar de penalizar", la actividad empresarial y que permita reanimar el consumo interno. En esta línea, hacen hincapié en la lucha contra el fraude fiscal. "No es permisible que nuestro país tenga que soportar un porcentaje de fraude equivalente al 25% del PIB", denuncian.
