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Las organizaciones empresariales reclaman un sistema fiscal estable, seguro y atractivo, que prime el empleo y no penalice el consumo.
Las organizaciones de productores, industria de alimentación y bebidas, distribución, comercio y restauración –Fiab, Aecoc, Anged, Aces, Asedas, CEC, Fehr, Fehrcarem y Cooperativas agroalimentarias– han animado al Gobierno a emprender una reforma fiscal que estimule la actividad empresarial. De lo contrario, un nuevo incremento de los impuestos sobre el consumo, principalmente del IVA, podría “tener consecuencias muy negativas sobre la confianza del consumidor y, por tanto, poner en riesgo la recuperación de la economía”.
Esta declaración viene motivada por el estudio que está realizando la comisión de expertos propuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre aspectos fiscales. Como recuerdan estas organizaciones, la última subida del IVA en 2012 ya produjo una caída media del consumo cercana al 7% (en tasas interanuales durante los seis meses siguientes a la aplicación de la medida).
Poner orden
La opción propuesta por Bruselas para que productos de primera necesidad gravados con el tipo superreducido (4%) pasen al reducido (10%) y otros bienes de esta categoría pasen al tipo general (21%) produciría una caída de la producción de más de 16.000 millones de euros y la destrucción de 174.000 empleos, según un informe del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET).
Las organizaciones consideran que el Gobierno tiene la oportunidad de “crear un sistema fiscal estable, seguro y atractivo para la inversión empresarial”. Un modelo que ensanche las bases fiscales y ataje el fraude para incrementar los ingresos de la Administración sin necesidad de penalizar el consumo.
A su juicio, la reforma debería “analizar la calidad del gasto público y poner en orden en la maraña de tributos, deducciones y tasas estatales, autonómicas y locales”. A lo que añaden que “por supuesto, debe dibujarse un marco tributario que estimule el empleo, rebajando los costes y cotizaciones que pagan las empresas”.